La Unión Europea exige a París la devolución de 500 millones de euros entregados entre 1992 y 2002 por Francia a los productores de frutas y legumbres franceses. Según el ministro de Agricultura, los productores galos deberían pagar.
Los principales perjudicados con aquellas ayudas fueron los agricultores españoles y los portugueses.
Para el recién nombrado ministro de Agricultura, este dosier -de los que queman de verdad- llega en el peor momento. Mientras, los propios productores, duramente golpeados por la crisis, multiplican sus manifestaciones de protesta en los últimos días.
Bruselas presiona, por su parte, para que Francia devuelva los varios cientos de millones de euros entregados a sus agricultores bajo forma de ayuda pública entre 1992 y 2002. Para la Unión Europea, estas ayudas han sido un acto contra la libre competencia.
La Comisión Europa acusa a Francia de establecer de manera sistemática subvenciones excepcionales que, en un principio, deberían permitir a sus agricultores salvar los años de malas cosechas y de inclemencias meteorológicas. Las ayudas se habrían transformado en fuentes casi regulares de financiación. Sin embargo, sostiene Bruselas, "las autoridades francesas estaban al corriente de la naturaleza dudosa de estas acciones contrarias a la unión europea".
Según cálculos periodísticos, el monto total de ayudas alcanzaría los 330 millones de euros, a los que se añaden entre 100 y 150 millones de intereses. A esto habría que añadir una carga de mora por cada día de retraso en la devolución de las cantidades reclamadas.
El anterior ministro de Agricultura Michel Barnier interpuso recurso a principios de abril sobre las cantidades reclamadas. El ministro actual Bruno Le Maire confirma que desde su ministerio no están de acuerdo con el monto total de 500 millones de euros "los productores pagarán mucho menos".
El ministro Le Maire propone adoptar un procedimiento para que los productores galos devuelvan las cantidades indebidamente percibidas y para ello contactará en septiembre con las organizaciones agrarias. Para Bruno Le Maire "no vale la pena presentar reclamaciones durante años para terminar pagando una cifra engordada con elevados intereses". Y añade "el estado vigilará la evolución de los productores individualmente para no penalizar a los más débiles".
Sin embargo, las organizaciones agrarias han respondido con toda contundencia. François Lafitte, presidente de la Federación de Comités Económicos y representante de los productores ha dicho a quien le ha querido eschucar: "los productores no pagarán" añadiendo "el culpable es el gobierno francés". "Primero porque la cantidad que reclama Bruselas no tiene fundamento. Segundo, porque ello significaría la ruina de la profesión".
En la FNSEA también tocan a rebato, el presidente de esta organización agraria Lemétayer se indigna: es imposible para los productores franceses desembolsar 500 millones de euros.
En cuanto a los productores galos, golpeados en plena crisis por caídas de precios en frutas y legumbres prometen un "verano caliente" si el ministro de Agricultura pone en marcha la reclamación de las subvenciones.
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